Un detallado informe de inteligencia sobre la actual situación del pueblo mapuche -realizado durante el último gobierno de la Concertación- estableció que el origen del problema no corresponde a una “militarización” o “zona de guerrilla” del área en conflicto, sino al estado de “abandono, postergación y frustración” de este pueblo desde décadas.
El informe sostiene que, debido a ello, “las comunidades mapuche pertenecen al sector más desvalido del país, no por su carácter indígena, sino por la realidad en que se encuentran insertos”.
http://www.lanacion.cl/
El informe sostiene que, debido a ello, “las comunidades mapuche pertenecen al sector más desvalido del país, no por su carácter indígena, sino por la realidad en que se encuentran insertos”.
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5 de septiembre, 2010
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Leyes bajo la lupa por huelga mapuche
De esta manera, el documento determinó que el actual conflicto indígena está creado principalmente por “los niveles de pobreza y el bajo nivel socioeconómico en el que vive un número importante de indígenas en la zona sur oeste de la Región del Biobío, Región de la Araucanía, y el borde costero desde la Región del Biobío hasta la Región de Los Lagos”.
Una de las conclusiones del dossier consignó expresamente que si bien el conflicto actual por la reivindicación de las tierras indígenas existe y está en desarrollo, “no se puede hablar de una zona de guerrilla o militarizada donde no impera el Estado de derecho”, pues se sostiene que “el problema sólo está radicado en una zona cuantitativamente menor en relación a la superficie del territorio nacional”.
Ante este escenario, el informe de 48 páginas dice que, para hacerse escuchar, el pueblo mapuche ha debido ampararse en “la problemática de la tenencia de la tierra, la falta de respeto a sus tradiciones, a su cultura y a su esencia”, constituyéndose ellos en los argumentos para “poder cambiar su actual condición de aislamiento y estado de precariedad”.
El análisis continúa expresando que las condiciones de vida de la etnia mapuche “es un conflicto latente”, entre otras razones, porque las comunidades indígenas probaron que no requieren de conglomerados políticos para plantear sus reivindicaciones. Sin embargo, se comprobó que el movimiento indígena cuenta con el apoyo y simpatía de “prestigiosas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, que no sólo respaldan sus exigencias sino que, además, las fomentan tanto monetaria como intelectualmente”.
El extenso documento no conocido hasta ahora públicamente al cual accedió LND, estaba empezando a ser analizado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia del gobierno de Michelle Bachelet, con el fin de reorientar y potenciar su trabajo respecto del conflicto mapuche. En la confección de este informe participaron organismos de inteligencia.
“Engaño” y DL 2568
El dossier manifiesta que a partir de la llamada “Pacificación de la Araucanía” -proceso militar iniciado en 1861-, ante la que “estos pueblos lograron mantener sus particularidades”, la comunidad indígena comenzó a ser víctima, “a través de los años, de un verdadero engaño por sus tierras ancestrales”.
Destaca el documento que, no obstante, en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-70) y Salvador Allende (1970-73) mediante el proceso de reforma agraria, se entregaron al pueblo mapuche 3,5 millones de hectáreas durante el primero y 6,5 millones de hectáreas bajo el segundo.
Pero el régimen militar “anuló y se dejó sin efecto” esta entrega de tierras, resolviéndose, por el contrario, mediante el Decreto Ley 2.568 de 1979 “la división de las comunidades indígenas” que buscó “eliminar totalmente el régimen de tenencia comunitaria de tierras”.
Como resultado de esta división de las comunidades indígenas “impuesta por el gobierno militar”, el informe establece que “grandes multinacionales como Shell, Mitsubishi y otras, además de algunos capitalistas chilenos, compraron gran cantidad de tierras a las comunidades mapuche”.
Grupos “anárquicos”
Pero el informe también advierte que todo lo señalado acerca de la situación de abandono y discriminación en la que se encuentra el pueblo indígena desde hace décadas y por lo cual mantiene su lucha, “hace propicio el resurgimiento de grupos anárquicos fuera de la ley en contra del actual sistema económico, que buscan retomar viejas consignas y luchas pretéritas pretendiendo involucrar a grupos étnicos para mantener activos sus principios antisistémicos”.
Y recomienda no desatender las características del conflicto, “que claramente podría constituir un elemento de vulnerabilidad de nuestra seguridad nacional, afectando el orden interno y tranquilidad pública del país, a través de diversos llamados a transgredir el ordenamiento jurídico que han efectuado los dirigentes del movimiento”.
Se advierte a las autoridades no despreocuparse del curso del conflicto y sus soluciones, porque a través de él se ha pretendido “no sólo limitar, sino también vulnerar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución”, con claras manifestaciones de “extrapolar el conflicto local al plano nacional, incluso con la participación de elementos foráneos”.
Rectificar el trabajo
El informe advirtió a las autoridades del pasado gobierno responsables en esta materia acerca de “inquietarse” por el “paradigma de perezosos con que se suele motejar a los pueblos originarios”. Y con el fin de reducir el nivel del conflicto actual para “restablecer el clima de normalidad en la zona”, propuso “la generación de mejores condiciones que lleven aparejados la creación de empleos, otorgando acceso a las comunidades a diferentes servicios, como salud, comunicaciones, transporte” y otras mejoras que permitirían la creación de “desarrollo, riqueza colectiva, bienestar general y seguridad para esta zona”.
Todo ello, dice el informe, sólo puede convertirse en realidad si “se rectifican los proyectos de inversión actuales, que dejan de manifiesto la ineficiencia de los programas en curso y la necesidad de redistribuir y reorganizar los programas y proyectos, despolitizando el conflicto y haciendo comprender a los implicados la necesidad imperiosa de una real integración”. //LND
Fuente de la información: http://www.lanacion.cl/conflicto-mapuche-informe-descarta-zona-de-guerrillas-o-militarizacion-/noticias/2010-09-04/220323.html
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Ante este escenario, el informe de 48 páginas dice que, para hacerse escuchar, el pueblo mapuche ha debido ampararse en “la problemática de la tenencia de la tierra, la falta de respeto a sus tradiciones, a su cultura y a su esencia”, constituyéndose ellos en los argumentos para “poder cambiar su actual condición de aislamiento y estado de precariedad”.
El análisis continúa expresando que las condiciones de vida de la etnia mapuche “es un conflicto latente”, entre otras razones, porque las comunidades indígenas probaron que no requieren de conglomerados políticos para plantear sus reivindicaciones. Sin embargo, se comprobó que el movimiento indígena cuenta con el apoyo y simpatía de “prestigiosas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, que no sólo respaldan sus exigencias sino que, además, las fomentan tanto monetaria como intelectualmente”.
El extenso documento no conocido hasta ahora públicamente al cual accedió LND, estaba empezando a ser analizado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia del gobierno de Michelle Bachelet, con el fin de reorientar y potenciar su trabajo respecto del conflicto mapuche. En la confección de este informe participaron organismos de inteligencia.
“Engaño” y DL 2568
El dossier manifiesta que a partir de la llamada “Pacificación de la Araucanía” -proceso militar iniciado en 1861-, ante la que “estos pueblos lograron mantener sus particularidades”, la comunidad indígena comenzó a ser víctima, “a través de los años, de un verdadero engaño por sus tierras ancestrales”.
Destaca el documento que, no obstante, en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-70) y Salvador Allende (1970-73) mediante el proceso de reforma agraria, se entregaron al pueblo mapuche 3,5 millones de hectáreas durante el primero y 6,5 millones de hectáreas bajo el segundo.
Pero el régimen militar “anuló y se dejó sin efecto” esta entrega de tierras, resolviéndose, por el contrario, mediante el Decreto Ley 2.568 de 1979 “la división de las comunidades indígenas” que buscó “eliminar totalmente el régimen de tenencia comunitaria de tierras”.
Como resultado de esta división de las comunidades indígenas “impuesta por el gobierno militar”, el informe establece que “grandes multinacionales como Shell, Mitsubishi y otras, además de algunos capitalistas chilenos, compraron gran cantidad de tierras a las comunidades mapuche”.
Grupos “anárquicos”
Pero el informe también advierte que todo lo señalado acerca de la situación de abandono y discriminación en la que se encuentra el pueblo indígena desde hace décadas y por lo cual mantiene su lucha, “hace propicio el resurgimiento de grupos anárquicos fuera de la ley en contra del actual sistema económico, que buscan retomar viejas consignas y luchas pretéritas pretendiendo involucrar a grupos étnicos para mantener activos sus principios antisistémicos”.
Y recomienda no desatender las características del conflicto, “que claramente podría constituir un elemento de vulnerabilidad de nuestra seguridad nacional, afectando el orden interno y tranquilidad pública del país, a través de diversos llamados a transgredir el ordenamiento jurídico que han efectuado los dirigentes del movimiento”.
Se advierte a las autoridades no despreocuparse del curso del conflicto y sus soluciones, porque a través de él se ha pretendido “no sólo limitar, sino también vulnerar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución”, con claras manifestaciones de “extrapolar el conflicto local al plano nacional, incluso con la participación de elementos foráneos”.
Rectificar el trabajoEl informe advirtió a las autoridades del pasado gobierno responsables en esta materia acerca de “inquietarse” por el “paradigma de perezosos con que se suele motejar a los pueblos originarios”. Y con el fin de reducir el nivel del conflicto actual para “restablecer el clima de normalidad en la zona”, propuso “la generación de mejores condiciones que lleven aparejados la creación de empleos, otorgando acceso a las comunidades a diferentes servicios, como salud, comunicaciones, transporte” y otras mejoras que permitirían la creación de “desarrollo, riqueza colectiva, bienestar general y seguridad para esta zona”.
Todo ello, dice el informe, sólo puede convertirse en realidad si “se rectifican los proyectos de inversión actuales, que dejan de manifiesto la ineficiencia de los programas en curso y la necesidad de redistribuir y reorganizar los programas y proyectos, despolitizando el conflicto y haciendo comprender a los implicados la necesidad imperiosa de una real integración”. //LND
Fuente de la información: http://www.lanacion.cl/conflicto-mapuche-informe-descarta-zona-de-guerrillas-o-militarizacion-/noticias/2010-09-04/220323.html
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